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Las redes sociales, el front desk del gobierno abierto

La Diputación de Alicante ha organizado, junto a Acop, un Seminario sobre la Modernización de la Comunicación Política. Gracias a la invitación de Adrián Ballester he podido preparar una presentación sobre las redes sociales en la administración.

Esta vez la presentación no es muy explicita, por lo que os comparto mis notas por si queréis profundizar un poco más en el tema (el número de la diapositiva sirve para separar las notas).

1. Un repaso a la literatura sobre el tema, facilitado enormemente por Novagob, ofrece una colección de artículos 10 razones, 10 cosas, 10 motivos, 10 errores, 10 amenazas, algunos disparadores, otras 10 razones… muy en la línea de esos textos tan habituales en internet, que son tremendamente útiles para despertar el interés pero que al terminar vuelven a dejar al usuario “sólo ante el peligro”.

2. Se trata de textos, excelentes en su mayoría, pero que se parecen más a uno de esos médicos que te dice qué tienes que comer para adelgazar, habitualmente a través de recetas imposibles, en lugar de enseñarte a comer. Recomendaciones más centradas en el cómo que en el por qué.

También existen análisis de la situación de las distintas administraciones en las redes sociales, tanto desde la perspectiva de su presencia y su gestión, esenciales los de Criado y Rojas, como desde la perspectiva de su regulación, dónde destaca un estudio de Ana Collado en vías de publicación.

Como conclusión podríamos decir que, tal y como muestran Criado y Rojas, no sólo todas las CA tienen hoy tiene su perfil social sino que incluso tienen una unidad responsable de su gestión y, al menos 4 de ellas, tienen incluso sus guías de uso (Valencia, PV, Cataluña y Castilla y León).

Además cuentan con un departamento responsable de su gestión, 12 desde comunicación, dos desde “atención al ciudadano”, y una desde “administración pública”. Esto se refleja también en el caso de la AGE, dónde según el estudio de Collado, todos los ministerios en esta legislatura tienen incorporada la cuestión en sus RD de estructura atribuyendo las competencias entre los departamentos de tecnología, comunicación y servicio al ciudadano (algunos en los tres, otros en dos o en uno).

En un foro sobre la modernización de la comunicación política podemos decir que la gestión de las redes sociales se encuentran en su juventud, superada ya la adolescencia (con brillante aportación de Jordi Rodríguez-Virgili). Así nos lo muestra un estudio de Kreab Gavin Anderson, realizado en la Administración General del Estado.

3. Si avanzamos en el por qué, quizás el primer punto es entender las redes sociales. Saber si se parecen más a un teléfono a un televisor.

4. La respuesta sería “a un teléfono con manos libres” en el que todo el mundo puede escuchar lo que dices y lo que te dicen. Las redes no son un medio de comunicación, ni siquiera una forma de información, son, nada más y nada menos, que un canal de comunicación. Como advertían Boyd&Ellison “lo que hace que las redes sociales sean únicas, no es que permitan conectar con extraños, sino más bien que habilitan a los usuarios a articular y hacer visible sus redes sociales” (2007:211).

5. De ahí que, en mi opinión, tenga poco sentido hablar de las redes sociales como altavoz (con el que llegar a población joven que “sólo” está en las redes sociales, como máquina expendedora de servicios, o como termómetro (reflejo de la opinión pública).

6. Las funciones de las redes sociales van mucho más allá, hasta configurarse como el frontdesk del gobierno abierto, la columna vertebral de la modernización de la administración.

Entre las funciones tendríamos la comunicación, entendida más bien como influencia, como poner información en el terreno de juego de la opinión pública para que los particulares puedan distribuirla en sus círculos de confianza.

Tendríamos también la escucha a través de la que detectar alertas, tendencias…

Los servicios no como una máquina de café para todos a la que pedir y agitar protestando cuando no nos da lo que necesitamos sino como mucho más, como una forma de personalizar esos servicios, ayudándonos a prioritarlos y ajustarlos a las necesidades de la población.

Pero dónde más posibilidades existe es, probablemente, en el campo de la colaboración, donde las redes sociales nos ofrecen la oportunidad de “permitir la colaboración distribuida, el intercambio de información y la creación de inteligencia colectiva a gran escala, a todos los niveles, desde el local al federal” (Chun et al., 2010:5). En España tenemos buenos ejemplos de esta función en el trabajo del Ministerio del Interior que junto a algunos de sus organismos está presents en distintas redes sociales. Estas redes además de proporcionar información de interés relacionadas con el tráfico (estado del tráfico, consejos para realizar viajes, cambios normativos, educación vial, seguridad vial, información de interés y trámites) o la polícia (con campañas como #micasaasalvo que ofrecía consejos y recomendaciones para mantener el domicilio habitual a salvo durante las ausencias provocadas por las vacaciones), recibe, gestiona y canaliza (…) alertas e información de utilidad policial que los ciudadanos envían al Cuerpo Nacional de Policía a través de mensajes o tweets y que, después de estudiarlos individualmente, se canalizan hacia la unidad operativa correspondiente. Este tipo de colaboración se ha reforzado con acciones específicas como la tweetredadas, en la que “se solicitaba la colaboración ciudadana para que de forma anónima aportasen cualquier dato o información que considerasen de interés sobre narcotráfico”. Según el informe del gobierno español para el OGP, “hasta la fecha se han recibido más de 13.000 denuncias, que han llevado a más de 350 detenciones y a la incautación de cientos de kilos de diferentes sustancias estupefacientes”.

Aquí es dónde está la clave, en la coproducción de servicios públicos, en la revisión del papel del Estado, entendido como plataforma o facilitador, o al menos que deja de ser un obstáculo para que los ciudadanos traten de resolver los problemas de la sociedad. No se trata sólo de opiniones y sugerencias, que suelen adoptar la forma de muro de las lamentaciones virtual, sino de la cocreación de contenidos y servicios en la que los ciudadanos desempeñan el papel de protagonistas. Eso obliga a la administración a salir a la calle, a dejar de esperar a que vengan los ciudadanos, y acudir dónde está el interés y el talento, a aprender, a ofrecerse y a tratar de involucrar a los ciudadanos en la búsqueda de soluciones.

El quinto elemento es la participación, algo que no se puede plantear sólo desde una perspectiva técnica, desde la mera posibilidad, sino dentro del esquema del sistema democrático, dónde las mayorías no son el único elemento a tener en cuenta, evitando la dictadura de una población políticamente movilizada o el debate político sin la existencia de un espacio público, de una comunidad…

7. Para cumplir estas funciones el contenido y la gestión de la comunidad, son las herramientas imprescindibles.

Un contenido divertido, social y habitual, interesante, que aporte valor y entienda que los ciudadanos no consumen datos, consumen historias.

Que trate de lograr que la política se parezca más a un ejercicio fascinante, relevante, que cambia vidas más que a una obligación más, asimilable a las que se desempeñan durante la jornada laboral. Como dice el que fuera alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, en Citinville “alimentar a la gente con vegetales con forma de galletas”.

En lo que se refiere a la comunidad, viene bien recordar las palabras de Elliot Schrage cuando hablaba de la necesidad “de comunicar el mensaje, localizar a la comunidad y construirla con la ayuda de sus miembros”. Ofrecer contenido y servicios es condición indispensable para cumplir las funciones de la administración en las redes, pero no es suficiente, no es más que una proporción mínima del esfuerzo necesario que hay que complementare con el esfuerzo de dar a conocer estos trabajos, llevárselos a la gente dónde esta se encuentre.

8. Es necesario tirar el muro que separa la administración de los ciudadanos, y las redes sociales pueden ser un contundente martillo. Hoy el uso de las redes en la administración ofrece la sensación de unas ventanas cerradas que dejan ver lo que se quiere pero no dejan entrar y formar parte pero es una auténtica necesidad de la democracia. Los que llevamos tiempo hablando de gobierno abierto tenemos la obligación de empezar a hablar del Gobierno abierto para todos. Es duro para los que llevamos un tiempo en esto pero el gobierno abierto tiene que dejar de ser algo sofisticado, cool, y convertirse en algo al alcance de cualquiera, los famosos dummies.

Otro principio básico para tirar el muro es dejar de pensar en el gobierno abierto, o en alguno de sus elementos como la participación, como algo de perroflautas. Estoy convencido que la movilización social para las políticas públicas cada día es más importante para la reputación, la autoridad y el impacto de la administración (Heidinger et al., 2010), no se trata sólo de una herramienta de venta o de un servicio de reparaciones sino del campo de batalla fundamental de la democracia hoy en día. Una batalla que, como recuerda con frecuencia Alecc Ross, no se disputa entre la derecha y la izquierda sino entre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados.

9. No voy a dar recetas pero si me gustaría apuntar algunos retos, inspirados en los que señalan Criado y Rojas, como fruto de la consulta a los responsables de las redes de las administraciones autonómicas:
– La integración de las redes en la administración, en todos sus departamentos, no sólo en los de comunicación o atención al ciudadano.
– La de ir acumulando y compartiendo experiencia dentro y entre las administraciones.
– El no olvidar que las redes no son más que el front desk de la administración, que tiene en la web su archivo y su agregador, lo “permanente”.

Parlamentos abiertos. Tecnología y redes para la democracia.

No ha sido fácil pero ya está aquí. El próximo 17 de marzo a las 19.00 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un diálogo sobre gobierno abierto y tecnología entre los Diputados Eduardo Madina y Pablo Casado, presentado por Imma Aguilar y moderado por Antoni Gutiérrez-Rubi, servirá para presentar “Parlamentos abiertos: Tecnología y redes para la democracia” (Congreso de los Diputados, 2014).

El libro es fruto del trabajo de un grupo de investigación multidisciplinar que está formado por Imma Aguilar, José Angel Alonso, David Alvarez , Eva Campos, José María Coello de Portugal, Miguel Angel Gonzalo, Antoni Gutiérrez-Rubi, Andrés Medina, Patricia Polo, Irene Ramos, Roberto Rodríguez, Rafa Rubio y Aitor Silván y Mihaela Loredana Stan. Nació como una mesa de trabajo para el I Congreso Internacional de ALICE y desde entonces ha ido evolucionando hasta convertirse en el libro que ha llegado a las librerías.

Para hacerse una idea del contenido puede servir el índice:
1.- Historia, concepto y evolución del Parlamento 2.0 (Eva Campos Domínguez)
2.- Parlamento, derecho parlamentario y nuevas tecnologías: ¿una discusión nueva? (José María Coello de Portugal )
3. La evolución de los e-parlamentos en el mundo. Análisis de los standards de la UIP y del Wold E-Parliament Report.(Andrés Medina)
4. La página web del Congreso de los Diputados: democracia y comunicación. (Miguel Ángel Gonzalo)
5. La nueva página Web del Senado. (José Angel Alonso)
6. Parlamentarios 2.0: presencia y actividad de diputados y senadores españoles en las redes sociales. (David Álvarez Sabalegui y Roberto Rodríguez Andrés) 195
7. ¿Hacia parlamentos autonómicos 2.0? Un balance comparado. (Irene Ramos Vielba. Aitor Silván. Loredana Stan. Patricia Polo
8. Ciberactivismo y Parlamento: Movimientos sociales e iniciativas ciudadanas por la transparencia y la participación. (Imma Aguilar Nàcher)
9. Parlamento Abierto y política de proximidad. (Antoni Gutiérrez-Rubí)
10. Knocking on the Parliaments door (Parlamentos digitales en la era de la participación). (Rafa Rubio Núñez)

Además el libro incluye un prólogo del hasta ahora Secretario General del Congreso, Manuel Alba, que no dejará a nadie indiferente y una bibliografía básica con las obras imprescindibles para entender los Parlamentos Abiertos.

Para los interesados el libro se puede adquirir en la tienda del propio Congreso de los Diputados (San Jerónimo 36) o bien por correo enviando este formulario impreso http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CatPubli/formulario_pedido_publicaciones.pdf (sí, muy tecnológicamente avanzado… pero intentaremos poder poner a disposición de los interesados una versión digital)

Seguiremos informando…

¿Cuánto cuesta una página web para la administración?

Hace unos días me llamaron de la Cadena SER para preguntarme por los dos millones de euros que, en principio, el Ayuntamiento de Madrid se va a gastar en su página web. En principio no hay mucha información para opinar, ni la nueva web está disponible, ni se ha contratado todavía su desarrollo, ni siquiera se ha convocado un concurso para ello… parece que, aunque no lo diga expresamente, la noticia sale del desglose de los presupuestos para el año 2014, algo que ya es en si una buena noticia. Es la propia noticia la que nos informa que los dos millones no son tal y la partida se divide a su vez en “940.000 euros a este proyecto, y otros 980.000 euros a soportar el portal web en la nube”. Con información tan escasa me parece un poco pronto para analizarlo, y cuando me pongo a buscar lo que han dicho otros encuentro, gracias a @miguelgonzalo, esta reflexión con la que estoy básicamente de acuerdo.

Aunque la polémica concreta me parece, como consecuencia de la falta de información, totalmente prematura, creo que merece una reflexión a la luz de las recurrentes polémicas de los últimos tiempos con motivo de los 1,4 millones presupuestados para el portal de Transparencia de la AGE, los 500 mil euros de la web del Senado, el más de un millón de euros presupuestado para formar al personal judicial en el uso de la web del CGPJ, o los 527.000 del ayuntamiento de Sevilla. Incluso en Estados Unidos el tema ha llegado al Congreso, dentro de una comparecencia más amplia de K. Sebelius, que el Fact Checker Washington Post analizó desde esta perspectiva en tres entradas diferentes (1, 2 y 3).

Creo que son tres las preguntas que plantean noticias como estas:
La primera y más evidente es si las instituciones públicas deben gastar parte de su presupuesto en páginas webs y otros desarrollos tecnológicos, o existen otras prioridades más necesarias. Es frecuente, sobre todo en estos tiempos, que cuando saltan estas noticias la primera reacción sea comparar el importe destinado a la web (o el desarrollo tecnológico X) con otras partidas como la atención a mayores, sanidad, educación… y concluir siempre que se trata de un lujo innecesario… nada más lejos de la realidad. Considero que la tecnología es una herramienta que puede mejorar, hacerlo más eficaz, más barato… Una web mejor puede reducir plazos de espera de atención y tramitación, generar servicios proactivos y liberar recursos para, precisamente, el gasto social.

Otra cosa es que esto no sea así, y se hagan webs meramente informativas o de uso engorroso, algo que es aplicable hoy a la web del Ayuntamiento de Madrid que Sergio Jiménez describía, en el post antes citado, como:

“ciclópea, enrevesada, e incomprensible y una presentación de contenidos que espantaría a cualquiera. Es decir, es una página mala en presentación, contenido, y experiencia del usuario”

De ahí que, en principio, la idea de modificarla, siempre que sirva para ofrecer mejores servicios, nos parece no sólo justa sino también necesaria.

B) Esto nos llevaría a la segunda pregunta, cuánto costarían realmente estas mejoras. Fue con motivo de una polémica similar, la de la web del Senado ya mencionada, cuando alguién comentó que el dinero gastado en la web podía ser un verdadero chollo o un auténtico timo.

No se nos escapa que en el campo tecnológico, especialmente en el ámbito municipal, ha sido habitual las chapuzas en este campo, era difícil encontrar un concejal de nuevas tecnologías que no tuviera un primo informático dispuesto a hacer de las suyas a un precio, habitualmente, desproporcionado, pero también es cierto que es difícil hablar de webs standards con un presupuesto medio. No es lo mismo una web folleto, que una web “periódico” (con un gestor de contenidos), que una verdadera web de servicios, como las exigidas por la ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y que, de haberse aplicado con rigor, hubiera requerido un verdadero cambio en las tripas de los sistemas tecnológicos de cualquier administración municipal. Hablar del precio de una web supone hablar de programación, de licencias, o de adaptación de software libre, hablar de mantenimiento, pago de servicios (sas)… con el consiguiente coste inicial, y el posterior ahorro. De ahí que, una vez más, sea aventurado hacer un juicio sobre el valor de una web sin ver su contenido.

C) Por último habría que responder a la pregunta de cómo hacerlo.
Son varios los elementos de la web del Ayuntamiento de Madrid manifiestamente mejorables (que no memorables como se empeña en sugerir el corrector automático). Un mayor peso gráfico, una verdadera integración de un sinfín de páginas webs municipales poco coherentes entre si, las posibilidades de personalización del contenido, cierta descentralización por distritos, la puesta a disposición de los ciudadanos de datos públicos y accesibles… pero sobre todo lo que más se echa en falta es el enfoque del ciudadano, el ponerse en su cabeza, en sus necesidades… algo que muchas veces es reflejo de la propia organización de la administración y de la falta de participación ciudadana en los procesos de diseño de estas páginas web.

Junto a estas mejoras claras algunas otras ideas relacionadas con la colaboración entre las administraciones (uno de los pilares del gobierno abierto) como compartir el código con el resto de administraciones municipales, o afrontar desarrollos de manera conjunta y luego adaptarlos (como ocurrió con motivo de la ley 11/2007), la estandarización de determinados procesos de backoffice.. también podrían servir para facilitar que este no sea un gasto innecesario sino una auténtica inversión para que, a pesar del coste, desarrollos como el que estamos hablando resulten baratos a los ciudadanos.

Presentación de la web del Senado

Nunca me había sentido obligado a justificar mi presencia en un acto. Si lo hago esta vez es porque alguien con el que tengo una excelente relación, Cesar Calderón, cuyo criterio siempre respeto, además de justificar su ausencia, señalando que la ausencia al acto, de algunos buenos amigos, “significa aprobación , complicidad o al menos anuencia”. Coincido con la opinión de Cesar más veces de las que se podrían imaginar pero esta vez pienso que se equivoca.

Como respeto su espíritu crítico, que no calla cuando piensa que hay algo que criticar, y tengo la certeza de que en ningún caso se trata de un ataque personal, intentaré explicar mis motivos, que no se separan mucho de los que ya ha explicado Ismael Peña en un post.

Desde hace unos años participo activamente o asisto anualmente a una veintena, o más, de eventos de todo tipo. Lo hago con actos organizados por instituciones a las que respeto, otros por las personas que están detrás, aunque discrepe bastante de las instituciones o los proyectos concretos (algo así me ha pasado con el Comité de Expertos de la Ley de Transparencia, con la que me siento tremendamente decepcionado). Debo tener un algo masoquista pero acudo incluso a invitaciones aún a sabiendas que se me invita para cubrir la cuota, para tener una voz discordante, que no comparten la mayoría de los asistentes. Esa apertura a escuchar la crítica me parece motivo suficiente para asistir y debo señalar que es en algunos de esos actos dónde más he aprendido, y disfrutado.

Reconozco que no es un tema menor. Yo mismo me lo he planteado a fondo a la hora de realizar trabajos, cobrando por ello, para instituciones como partidos políticos u organismos multilaterales con los que discrepo en aspectos importantes. Hace tiempo decidí no ocultar nunca mis discrepancias (en privado y muchas veces en público cuando lo considero oportuno), trabajar con toda mi alma siempre que mi labor no promueva directamente esos aspectos que no comparto, y hacer autocrítica al final poniendo de manifiesto aquellos aspectos del proyecto que se hicieron mal y se podían haber hecho mejor. Así he llegado a la convicción que aquellos que pretenden cambiar las cosas lo hacen participando activamente en aquellas cosas, y que muchas veces, a veces de trabajo y constancia, acaban logrando sus objetivos. No es tarea fácil y muchas veces me he llevado grandes decepciones, pero he decidido que merece la pena seguir intentándolo y, de momento, algunos me siguen contratando.

De ahí que aceptara sin dudar la invitación del Senado a participar mañana en la inauguración de la página web, con cuyo diseño y realización no he tenido nada que ver, y en el que tendré plena libertad para exponer mi punto de vista. Comparto con Ismael Peña, y así empiezo mi presentación, que para convertirse en un Parlamento realmente abierto el diseño de una página web es casi lo de menos, y que es ahora cuando veremos si el proyecto es una muestra de un cambio verdadero en la concepción que el Senado, y sus miembros, tienen de la transparencia, su relación con la ciudadanía y su participación, o es sólo un retoque de chapa y pintura, alejado de las reformas estructurales necesarias. Lo que he visto de momento me hace inclinarme más por la segunda opción, pero ojalá me equivoque.

No soy ajeno a la polémica del coste de la web, pero, me considero incapaz de juzgarlo sin conocer las tripas del asunto. Conozco proyectos web de otras administraciones públicas, nacionales, autonómicas e incluso municipales, muchísimo más baratos pero también los hay que duplican, triplican e incluso multiplican por cuatro el coste publicado de la web del Senado, pero como decía antes, ni siquiera eso me sirve de referencia. Quizás me sirve de consuelo pensar que la contratación de tres empresas distintas y el concurso público son buenos indicios de que todo el dinero gastado, incluso aunque sea demasiado, puede beneficiar directamente a los ciudadanos.

Estoy convencido que la reforma de la web es un paso positivo, y necesario, y que su coste económico, no debería convertirse en una barrera infranqueable que incapacite a todos los que sin duda tienen algo que decir para participar en un debate abierto que promueva nuevos avances en este campo.

No se trata sólo de las ganas de ver a Cesar, que últimamente se prodiga poco por estos lares, sino del convencimiento que con hubieramos aprendido más y hubieramos sido más fuertes a la hora de defender nuestros puntos de vista, en este tema bastante coincidentes.

Yo considero que mañana era una buena oportunidad para empezar y por eso presentaré tres propuestas concretas:

Facilitar la reutilización de la información presente en la web, tanto por el formato como por las licencias de uso de los datos.
Adelantarse a la aprobación de la ley de transparencia, y llevarla más allá, aprovechando la capacidad autonormativa del Senado y la relevancia de la función legislativa.
Liberar el código de la web y ponerlo a disposición del Congreso de los Diputados y de los Parlamentos, autonómicos y latinoamericanos, que quieran utilizarlo para realizar sus propias páginas web.

No espero tener mucho éxito pero les garantizo que lo seguiré intentando.