Hace unos días me llamaron de la Cadena SER para preguntarme por los dos millones de euros que, en principio, el Ayuntamiento de Madrid se va a gastar en su página web. En principio no hay mucha información para opinar, ni la nueva web está disponible, ni se ha contratado todavía su desarrollo, ni siquiera se ha convocado un concurso para ello… parece que, aunque no lo diga expresamente, la noticia sale del desglose de los presupuestos para el año 2014, algo que ya es en si una buena noticia. Es la propia noticia la que nos informa que los dos millones no son tal y la partida se divide a su vez en «940.000 euros a este proyecto, y otros 980.000 euros a soportar el portal web en la nube». Con información tan escasa me parece un poco pronto para analizarlo, y cuando me pongo a buscar lo que han dicho otros encuentro, gracias a @miguelgonzalo, esta reflexión con la que estoy básicamente de acuerdo.
Aunque la polémica concreta me parece, como consecuencia de la falta de información, totalmente prematura, creo que merece una reflexión a la luz de las recurrentes polémicas de los últimos tiempos con motivo de los 1,4 millones presupuestados para el portal de Transparencia de la AGE, los 500 mil euros de la web del Senado, el más de un millón de euros presupuestado para formar al personal judicial en el uso de la web del CGPJ, o los 527.000 del ayuntamiento de Sevilla. Incluso en Estados Unidos el tema ha llegado al Congreso, dentro de una comparecencia más amplia de K. Sebelius, que el Fact Checker Washington Post analizó desde esta perspectiva en tres entradas diferentes (1, 2 y 3).
Creo que son tres las preguntas que plantean noticias como estas:
La primera y más evidente es si las instituciones públicas deben gastar parte de su presupuesto en páginas webs y otros desarrollos tecnológicos, o existen otras prioridades más necesarias. Es frecuente, sobre todo en estos tiempos, que cuando saltan estas noticias la primera reacción sea comparar el importe destinado a la web (o el desarrollo tecnológico X) con otras partidas como la atención a mayores, sanidad, educación… y concluir siempre que se trata de un lujo innecesario… nada más lejos de la realidad. Considero que la tecnología es una herramienta que puede mejorar, hacerlo más eficaz, más barato… Una web mejor puede reducir plazos de espera de atención y tramitación, generar servicios proactivos y liberar recursos para, precisamente, el gasto social.
Otra cosa es que esto no sea así, y se hagan webs meramente informativas o de uso engorroso, algo que es aplicable hoy a la web del Ayuntamiento de Madrid que Sergio Jiménez describía, en el post antes citado, como:
«ciclópea, enrevesada, e incomprensible y una presentación de contenidos que espantaría a cualquiera. Es decir, es una página mala en presentación, contenido, y experiencia del usuario»
De ahí que, en principio, la idea de modificarla, siempre que sirva para ofrecer mejores servicios, nos parece no sólo justa sino también necesaria.
B) Esto nos llevaría a la segunda pregunta, cuánto costarían realmente estas mejoras. Fue con motivo de una polémica similar, la de la web del Senado ya mencionada, cuando alguién comentó que el dinero gastado en la web podía ser un verdadero chollo o un auténtico timo.
No se nos escapa que en el campo tecnológico, especialmente en el ámbito municipal, ha sido habitual las chapuzas en este campo, era difícil encontrar un concejal de nuevas tecnologías que no tuviera un primo informático dispuesto a hacer de las suyas a un precio, habitualmente, desproporcionado, pero también es cierto que es difícil hablar de webs standards con un presupuesto medio. No es lo mismo una web folleto, que una web «periódico» (con un gestor de contenidos), que una verdadera web de servicios, como las exigidas por la ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y que, de haberse aplicado con rigor, hubiera requerido un verdadero cambio en las tripas de los sistemas tecnológicos de cualquier administración municipal. Hablar del precio de una web supone hablar de programación, de licencias, o de adaptación de software libre, hablar de mantenimiento, pago de servicios (sas)… con el consiguiente coste inicial, y el posterior ahorro. De ahí que, una vez más, sea aventurado hacer un juicio sobre el valor de una web sin ver su contenido.
C) Por último habría que responder a la pregunta de cómo hacerlo.
Son varios los elementos de la web del Ayuntamiento de Madrid manifiestamente mejorables (que no memorables como se empeña en sugerir el corrector automático). Un mayor peso gráfico, una verdadera integración de un sinfín de páginas webs municipales poco coherentes entre si, las posibilidades de personalización del contenido, cierta descentralización por distritos, la puesta a disposición de los ciudadanos de datos públicos y accesibles… pero sobre todo lo que más se echa en falta es el enfoque del ciudadano, el ponerse en su cabeza, en sus necesidades… algo que muchas veces es reflejo de la propia organización de la administración y de la falta de participación ciudadana en los procesos de diseño de estas páginas web.
Junto a estas mejoras claras algunas otras ideas relacionadas con la colaboración entre las administraciones (uno de los pilares del gobierno abierto) como compartir el código con el resto de administraciones municipales, o afrontar desarrollos de manera conjunta y luego adaptarlos (como ocurrió con motivo de la ley 11/2007), la estandarización de determinados procesos de backoffice.. también podrían servir para facilitar que este no sea un gasto innecesario sino una auténtica inversión para que, a pesar del coste, desarrollos como el que estamos hablando resulten baratos a los ciudadanos.