El pasado jueves 26 de abril se celebró en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la primera reunión del Grupo de Expertos de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno a la que tuve la suerte de asistir. Como señaló el director Benigno Pendás en su introducción, la creación del grupo, con vocación de asesoramiento a las instituciones durante la tramitación de esta ley forma parte de un proyecto más amplio, que el Centro viene reivindicando desde hace tiempo, de convertir el CEPC en una institución que pueda contribuir a la mejora de aquellas leyes que afectan al fortalecimiento democrático.
Aunque lo de Grupo de Expertos suena un poco a ANECA, la convocatoria fue amplia y, por lo que se pudo escuchar, profesional y plural, repartida a partes iguales entre representantes de asociaciones activas en temas relacionados con la ley, representantes de la administración y académicos. Desde mi reducida visión me faltaron Lorenzo Cotino, algún experto en Open Data como @aabella y representantes de APRI y Pro Bono Público, que llevan tiempo trabajando el tema y tienen muchas cosas que decir, (aunque se ha anunciado una reunión exclusiva para la «sociedad civil»).
Quizás lo más sorprendente fue lo práctico y concreto de las intervenciones, (me sorprendió gratamente ver como todos los participantes entendieron desde el principio el objeto de la reunión y renunciaron a esa tendencia a lucirse tan propia de los foros académicos españoles).
Esperanza Zambrano (subdirectora General de Propuestas Normativas y Documentación) que ha coordinado la elaboración del anteproyecto, realizó un breve resumen de cada uno de sus apartados. Tanto en su presentación como en sus respuestas posteriores trasmitió mucha seguridad y apertura a los comentarios recibidos, me quedé con la sensación de estar en buenas manos.
Como esta primera sesión estaba dedicada al capítulo I del Titulo I, dedicado a la Publicidad Activa, Manuel Villoria (catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos), centró su ponencia introductoria en este punto. No conocía a Manuel y su ponencia me pareció absolutamente espectacular. Desde un planteamiento abstracto, desde los fines, objetivos y los medios de la ley, fue poniendo de manifiesto, con claridad y mucha elegancia las lagunas y posibles problemas que presenta el anteproyecto. A destacar su acento en distinguir entre procesos y estructuras y, en este segundo aspecto la necesidad de distinguir entre el órgano impulsos (que debería contar con el apoyo total de la Presidencia) y el órgano de gestión del sistema, (que debería contar con los medios, la transparencia, la independencia, la responsabilidad y un buen sistema de rendición de cuentas). Además se refirió a la necesidad de integrar plataformas ya existentes y de conectar el resultado con las redes sociales, dejando el problema abierto a la discusión en otros temas como el ámbito.
Hubo algunos comentarios sobre el nombre de la ley, en concreto al “buen gobierno”, que no termina de responder al contenido y promete más de lo que da, dejando fuera temas como el uso de indicadores y la implantación de sistemas de evaluación y seguimiento o la participación ciudadana. También hubo alguna referencia al procedimiento participativo empleado (la página web recibió 80.000 visitas y 3700 observaciones), una buena iniciativa ejecutada improvisadamente. También se cuestionó el orden en el que se presentan los apartados, al presentar el derecho de acceso a la información pública tras la publicidad activa, se pierde la legitimación, clarísima en opinión de algunos, de la transparencia en el derecho fundamental a la información (en su forma activa y pasiva). Aunque la discusión puede parecer puramente teórica tiene una serie larga de consecuencias prácticas.
A partir de este momento comenzaron las intervenciones, que como decía se centraron casi exclusivamente en los primeros artículos del Anteproyecto de ley.
Sobre el ámbito se señalaron las ausencias ya conocidas, (Casa Real, Partidos Políticos, Sindicatos…) señalando alguno de los intervinientes la necesidad de ampliarlo a todos aquellos que reciben fondos públicos.
Respecto a la información objeto de publicidad activa se pidió ampliar la lista, y organizarla un poco (además de olvidarse de las sedes electrónicas como lugar donde publicar la información y hacerlo sólo en la web, art. 4.1). Entre los añadidos sobre los que hubo acuerdo generalizado, la agenda de los miembros del gobierno, adelantar la publicación de los proyectos de reglamentos (sin esperar los dictámenes preceptivos), los informes de auditoría y fiscalización… o el contenido de investigaciones financiadas con dinero público.
En lo que se refiere al portal de transparencia se señaló la necesidad de establecer en la ley algún tipo de referencia a la interoperabilidad y la reutilización de la información, en la línea de la ley 11/07 (más allá de la necesidad de concretarlo en el reglamento de desarrollo).
Entre las ausencias se destacó la necesidad de precisar la responsabilidad de la publicación de la información (las unidades de información del artículo 18), estableciendo un sistema de incentivos y sanciones. También se insistió en la conveniencia de garantizar la independencia del órgano responsable (más allá de que este órgano sea la APD o la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios), y clarificar la posible asunción de esta responsabilidad por parte de un órgano independiente determinado por los organismos de las Comunidades Autónomas y las entidades locales en caso de reclamación. (Disposición adicional tercera).
Las próximas sesiones están anunciadas para el 17 de mayo sobre el capítulo II del título I que se centra en el Derecho de Acceso a la Información Pública y el día 24 de mayo sobre el título dedicado al Buen Gobierno.
Un resumen de la segunda reunión (a la que no pude asistir): http://www.tuderechoasaber.es/es/blog#1337445147