Hace un tiempo, por iniciativa del gobierno español, participé activamente en los trabajos de elaboración de la Iniciativa Ciudadana Europea. La voluntad de la Presidencia Española era aprobarlo antes del mes de junio pero el miedo de algunos paises lo hicieron imposible. Hoy el Parlamento Europeo ha aprobado el famoso reglamento por 628 votos a favor, 15 en contra y 24 abstenciones. Ahora le toca al Consejo aunque fuentes habitualmente informadas nos advierten que hasta 2012 los ciudadanos no podrán utilizar esta herramienta. Algo bastante previsible si tenemos en cuenta que el Reglamento da un año para adaptarse a los paises miembros.

Los Europarlamentarios parecen emocionados y no han ahorrado en declaraciones de euforia que no responden a la naturaleza de la herramienta, tras haber pasado por los distintos filtros:

Alain Lamassoure (PPE, Francia) «hoy la Unión Europea se abre a la democracia participativa. Los ciudadanos tendrán a partir de ahora el mismo derecho a la iniciativa política que el Parlamento y el Consejo. Ahora son los ciudadanos los que tienen que actuar».

Zita Gurmai (S&D, Hungría) declaró que «la iniciativa ciudadana es una oportunidad única. Por primera vez, los ciudadanos pueden unirse y decirnos si estamos haciendo bien nuestro trabajo».

Desde su salida de la Comisión el Parlamento ha introducido una serie de modificaciones con las que no puedo estar más de acuerdo:
– Establece el modelo español por el que la admisibilidad de una iniciativa se decidirá en el momento del registro, no en un momento intermedio, después de que se hayan reunido 300.000 firmas, esto sin duda generará mucho más trabajo a la Comisión pero ahorrará muchas frustraciones a los ciudadanos.

– Se reduce el número de Estados necesario para presentar una iniciativa, requisito que se une al de millón de firmas. Si inicialmente la propuesta exigía un tercio de países (actualmente nueve), el Reglamento aprobado baja el umbral hasta una cuarta parte.

– Se incluye además otra de nuestras propuestas, garantizando la defensa de la iniciativa en audiencia pública a todas las que alcancen la cifra mágica. Algo que la legislación española no permite, y que en una sociedad mediática como la que vivimos, reduce aún más la eficacia de esta herramienta.

– Por último los europarlamentarios han logrado un mayor compromiso de la Comisión, que inicialmente pretendía delegar todo el trabajo administrativo en los países miembros, y que ahora ofrecerá a los ciudadanos «una guía completa de fácil utilización, un punto de contacto y un soporte gratuito para la recogida de firmas de forma electrónica». Habrá que ver la extensión del punto de contacto, que debería incluir asesoramiento jurídico, imprescindible para asegurar la admisibilidad de las propuestas, pero el soporte gratuito para la recogida de firmas, que defendimos en nuestra propuesta, es un gran logro que puede marcar la diferencia, entre una herramientas costosa y casi imposible, a una herramienta que se incorpore de manera natural en el día a día de las instituciones europeas. Habrá que estar atentos.